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Contenido práctico para clientes en familia, civil, sucesiones, deudas, laboral, penal, constitucional, administrativo y societario.
Conoce las dos rutas principales: divorcio de mutuo acuerdo ante notaría o divorcio judicial cuando no hay acuerdo. Revisa documentos, acuerdos sobre hijos, alimentos, bienes y sociedad conyugal antes de iniciar.
Antes de acudir a insolvencia conviene revisar número de acreedores, mora, porcentaje del pasivo vencido, ingresos, libranzas y capacidad real de negociación.
La oportunidad es determinante. Si existe remate, embargo o proceso ejecutivo, el caso debe estudiarse con urgencia para verificar si procede una ruta de negociación o defensa.
Pueden analizarse obligaciones bancarias, tarjetas, créditos, deudas con particulares, obligaciones comerciales y otras, según soporte documental y situación patrimonial.
Depende de la fecha de adquisición, la titularidad, la existencia de sociedad conyugal o patrimonial, afectación a vivienda familiar y acuerdos entre las partes.
La liquidación exige identificar activos, pasivos, recompensas, deudas, bienes propios y sociales. No siempre basta con dividir todo mecánicamente.
Registro civil de matrimonio, registros civiles de hijos, acuerdos, poder, documentos de bienes y soportes de obligaciones son la base para iniciar bien.
Cuando no hay acuerdo, puede acudirse a la vía judicial, siempre que existan causales y prueba suficiente para sostener la pretensión.
La separación de cuerpos suspende la vida en común, pero no siempre disuelve el vínculo matrimonial. Debe elegirse según el objetivo jurídico real.
El tiempo depende de si hay acuerdo, hijos menores, bienes, notaría, juzgado, notificaciones, oposición y carga del despacho.
Requiere inventario, avalúo, relación de pasivos, análisis de bienes sociales y propios, y eventual partición o adjudicación.
Es una medida seria que exige prueba y análisis del interés superior del menor. No se confunde con custodia ni visitas.
Pagos, mejoras, testimonios, actos de señor y dueño, certificados de tradición, fotografías y continuidad de la posesión suelen ser relevantes.
Autenticaciones, declaraciones, sucesiones, divorcios de mutuo acuerdo, poderes y conciliaciones pueden requerir preparación jurídica previa.
Un buen contrato define obligaciones, pagos, incumplimientos, garantías, confidencialidad, terminación y solución de controversias.
Antes de invertir en una marca conviene revisar disponibilidad, distintividad, clase y estrategia de protección comercial.
Antes de firmar o aceptar una liquidación, revisa salario, prestaciones, vacaciones, aportes, indemnización y causa de terminación.
La historia laboral debe revisarse con detalle. Inconsistencias, tiempos faltantes o empleadores omitidos pueden afectar el reconocimiento.
Estos casos exigen verificar semanas, dictámenes, beneficiarios, dependencia económica y recursos frente a negativas.
Captura, legalización, imputación y medida de aseguramiento requieren defensa técnica inmediata y revisión de riesgos procesales.
La víctima puede solicitar verdad, justicia, reparación, pruebas, medidas de protección y participación efectiva en el proceso.
El incumplimiento de alimentos puede tener ruta civil y penal. Conviene articular ambas estrategias sin duplicar esfuerzos.
Cuando hay vulneración de derechos fundamentales en salud, puede revisarse tutela, medidas provisionales e incidente de desacato.
Una petición clara debe identificar hechos, solicitud concreta, pruebas, entidad competente y datos de notificación.
Revisa notificación, identificación del conductor, términos, pruebas y recursos antes de pagar o dejar vencer el trámite.
La estrategia puede incluir petición, recursos, tutela o demanda, según la entidad, respuesta y derecho afectado.
Elegir tipo societario, objeto, capital, estatutos, cámara de comercio y obligaciones tributarias evita problemas futuros.
Pactar roles, aportes, utilidades, salida, confidencialidad y manejo de conflictos protege el negocio desde el inicio.
Si uno de los padres no autoriza, puede requerirse trámite judicial o administrativo según el caso y la urgencia.
Cánones atrasados, incumplimientos, contrato, requerimientos y conciliación pueden definir la ruta para recuperar el inmueble.
Si no hay acuerdo entre comuneros, puede solicitarse división material o venta, según la naturaleza del bien.
La prueba debe enfocarse en bienestar del menor, rutinas, cuidado, disponibilidad, comunicación y redes de apoyo.